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En el ámbito económico y político de la Unión Europea (UE), las reglas fiscales son un tema crucial que afecta tanto a los estados miembros como a la estabilidad económica y fiscal del bloque. Tras cuatro años de suspensión debido a la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas, las reglas fiscales de la UE están siendo reintroducidas con ciertas sorpresas y novedades. En este artículo, exploraremos en detalle este tema y sus implicaciones, analizando el contexto, las nuevas disposiciones y cómo afectan a los países miembros de la UE.
Las reglas fiscales de la UE, también conocidas como Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), establecen límites y normas en relación con los déficits presupuestarios y la deuda pública de los países miembros. Estas reglas tienen como objetivo garantizar la estabilidad económica y fiscal dentro del bloque, así como mantener la confianza en el euro y en la política económica europea. Tras la suspensión de cuatro años debido a la pandemia de COVID-19, las reglas fiscales están siendo reintroducidas con ciertas modificaciones y sorpresas.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue establecido en 1997 como un marco para coordinar las políticas fiscales de los países miembros de la UE. Estas reglas establecen límites al déficit presupuestario y a la deuda pública de los estados miembros, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera y evitar crisis económicas. Sin embargo, en marzo de 2020, debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea suspendió temporalmente las reglas fiscales para permitir a los países miembros adoptar medidas fiscales expansivas para enfrentar la crisis.
Con la mejora de la situación económica y la recuperación gradual de la actividad económica en la UE, la Comisión Europea ha decidido reintroducir las reglas fiscales con ciertas modificaciones. Estas modificaciones incluyen:
1. **Flexibilidad para Inversiones Verdes y Digitales:** Se espera que las nuevas reglas fiscales proporcionen flexibilidad adicional para permitir inversiones en transiciones verdes y digitales. Esto significa que los países miembros podrán aumentar el gasto en proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la transformación digital sin violar las reglas fiscales.
2. **Enfoque en la Sostenibilidad de la Deuda:** Las nuevas reglas fiscales pondrán un mayor énfasis en la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Los países miembros deberán demostrar un plan creíble para reducir la deuda pública y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
3. **Implementación Gradual:** La reintroducción de las reglas fiscales se llevará a cabo de manera gradual y con cierta flexibilidad para adaptarse a las condiciones económicas específicas de cada país miembro.
La reintroducción de las reglas fiscales en la UE tendrá varias implicaciones para los países miembros:
- **Mayor Disciplina Fiscal:** Los países miembros deberán cumplir con los límites de déficit y deuda establecidos por las nuevas reglas fiscales, lo que promoverá una mayor disciplina fiscal y sostenibilidad presupuestaria.
- **Inversiones Estratégicas:** La flexibilidad adicional permitirá a los países miembros invertir en áreas estratégicas como la transición verde y digital, impulsando la innovación y la competitividad.
- **Desafíos de Implementación:** Algunos países podrían enfrentar desafíos para cumplir con los requisitos de las nuevas reglas fiscales, especialmente aquellos con altos niveles de deuda pública o déficit estructural.
En conclusión, la reintroducción de las reglas fiscales en la UE después de cuatro años de suspensión representa un paso importante hacia la estabilidad económica y fiscal en el bloque. Las nuevas disposiciones ofrecen flexibilidad para impulsar inversiones estratégicas en áreas clave mientras se garantiza la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Sin embargo, los países miembros enfrentarán desafíos en la implementación y el cumplimiento de estas reglas, especialmente en un contexto económico aún incierto debido a la pandemia de COVID-19 y otros factores externos.
Los Veintisiete han dado luz verde final este 29 de abril a las nuevas reglas fiscales de la UE, que, tras cuatro años congeladas por la pandemia, volverán a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembro, aunque de forma más flexible y adaptada a la situación por país. Las normas entrarán en vigor este 30 de abril, coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial.
Esta revisión incluye la reforma del reglamento sobre los brazos preventivo y correctivo y de la nueva directiva sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los Estados miembro.
El objetivo de esta reforma es reducir los ratios de deuda y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Asimismo, el nuevo marco brindará un margen adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.
Ahora, cada Estado miembro deberá presentar sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024, mientras que la Comisión, por su lado, presentará una 'trayectoria de referencia' (anteriormente llamada 'trayectoria técnica') a los países donde la deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o el déficit público se sitúe por encima del 3% del PIB, como es el caso de España.
La trayectoria de referencia indicará cómo los Estados miembro pueden garantizar que, al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.
Además, un Estado miembro podrá solicitar la presentación de un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso si hay un cambio de gobierno.
En base a la trayectoria de referencia de la Comisión, los países de la UE trazarán su ajuste fiscal, expresado en trayectorias de gasto neto en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo.
Las nuevas normas fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento y los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE. Estas incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.
Los países con deuda excesiva estarán sujetos a normas de salvaguardia que les exigirán, entre otras cosas, reducir su deuda en promedio un 1% anual si superan el 90% del PIB, y un 0,5% anual en promedio si su deuda está entre 60% y 90% del PIB, unas disposiciones menos restrictivas que el requisito actual que exige que cada país debe reducir la deuda anualmente en 1/20 del exceso por encima del 60%.
Si el déficit de un país supera el 3% del PIB, el requisito será reducirlo durante los períodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB, a fin de crear un colchón de gasto para condiciones económicas difíciles. También se aplicarán otros puntos de referencia numéricos sobre cuánto debería reducirse el déficit por año.
Un país con exceso de deuda no estará obligado a reducirla a menos del 60% al final del período de años que dura el plan, sino que debe tener una deuda que se considere en una "trayectoria descendente plausible".
España cerró el ejercicio de 2023 con un ratio de deuda pública respecto al PIB del 107,7%, la cuarta cifra más alta de los países de la UE por detrás de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%), mientras que el déficit se sitúa en un 3,6%, según los datos de la oficina estadística europea, Eurostat.
Ambos datos se sitúan por encima de los umbrales del 60% y del 3%, respectivamente, que volverán a aplicarse después de que las reglas fiscales hayan permanecido cuatro años congeladas por la pandemia. No obstante, revelan una mejora respecto a los del cierre de 2022, cuando la deuda pública española se elevó al 111,6% y el déficit, al 4,7%.
La deuda pública sigue al alza en España en términos absolutos y alcanzó en febrero los 1.602.662 millones de euros, nuevo máximo histórico, según los datos del Banco de España. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) descarta una mejora drástica de tres de los principales desequilibrios económicos en lo que queda de década: la tasa de paro, el déficit público y la deuda pública. En este último caso, la institución apunta a que el apalancamiento de Espsña este año se situará algo por encima del 106% del PIB, bajará el año que viene ligeramente por debajo del 105% y se mantendrá así hasta que en los dos últimos años del horizonte de proyecciones, 2028 y 2029, baje al 104,6% y al 104,2%, respectivamente.
